Sierra Club, Southern Border Communities Coalition y ACLU llegan a una conciliación con el gobierno de EE. UU. en el caso del muro de la frontera que desafía la transferencia ilegal de fondos de construcción militares

OAKLAND, California — En virtud de una conciliación legal presentada hoy en el tribunal federal, Sierra Club y Southern Border Communities Coalition, representadas por la American Civil Liberties Union Foundation, Sierra Club, ACLU de Texas y ACLU del Norte de California han conciliado con éxito dos pleitos judiciales de larga duración que desafían la transferencia ilegal de fondos de construcción militares y fondos decomisados del Departamento del Tesoro durante el gobierno de Trump para construir secciones del muro en la frontera entre Estados Unidos y México que el Congreso se negó explícitamente a financiar.

El acuerdo de conciliación de 49 páginas, que también concilia casos relacionados presentados por California, Nuevo México y varios otros estados demandantes, incluye medidas críticas para ayudar a mitigar los extensos daños causados por la construcción ilegal del muro en la frontera.

“La construcción del muro de la frontera de Trump, llevada a cabo contra la voluntad del Congreso y considerada ilícita por los tribunales federales, dañó catastróficamente los recursos naturales y las comunidades en la región de la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo Cecillia Wang, subdirectora legal de ACLU y abogada en jefe de los casos de Sierra Club contra Biden. “Este acuerdo de conciliación establece un cierta responsabilidad y debe servir como un recordatorio duradero de que las políticas gubernamentales impulsadas por la siembra del miedo en lugar de la creación de buenas políticas terminan dañando nuestros intereses nacionales”.

Las disposiciones principales de la conciliación son un compromiso del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. de detener la construcción del muro en las áreas afectadas por las transferencias de fondos ilegales de Trump para mitigar los daños a las comunidades y a la vida silvestre causados por la construcción y proteger las especies animales en peligro de extinción y amenazadas que fueron dañadas por la construcción de este muro en la frontera. Las actividades de mitigación incluyen el compromiso del CBP de llevar a cabo actividades formales de planificación medioambiental y consulta comunitaria antes de seguir trabajando en las secciones del muro afectadas, tales como la instalación de iluminación de estadio que causa la destrucción de especies de vida silvestre y arruina la posibilidad de que la gente disfrute de las áreas silvestres. También se han reservado fondos para proyectos dedicados a controlar y mitigar los daños existentes a la vida silvestre, incluyendo las especies amenazadas y en peligro de extinción que sufrieron la destrucción o modificación de su hábitat.

“Cuando el ex presidente no pudo lograr lo que quería, hizo caso omiso del Congreso y usó ilegalmente otros fondos destinados a apoyar a los miembros de las fuerzas armadas para construir su muro en la frontera. Entre los daños a las tierras tribales y los hábitats degradados para la vida silvestre, las comunidades en la frontera se verán afectadas por las consecuencias de este despilfarro por muchos años venideros”, dijo Erick Meza, coordinador de tierras de frontera de Sierra Club. “El programa de tierras de frontera de Sierra Club ha estado trabajando por más de una década para proteger estos territorios frágiles, y nos alegra ver que esta conciliación no solo detiene el trabajo en este proyecto destructivo sino que ayuda a restaurar el área. Las reparaciones incluidas en la conciliación de hoy serán importantes para sanar las comunidades, los paisajes y los ecosistemas afectados por los actos imprudentes del gobierno anterior”.

Cuando el Congreso se negó a darle a Trump billones de dólares adicionales para construir muros entre nuestras comunidades, él declaró temerariamente una emergencia nacional en la frontera y de todos modos saqueó los fondos del Departamento de Defensa.

“Esta conciliación no solo tiene que ver con lograr que el gobierno de EE. UU. rinda cuentas por sus abusos de poder sino también ratificar que los derechos humanos de todos los residentes de la frontera son iguales ante la ley”, dijo Ricky Garza, abogado de políticas de frontera de la Southern Border Communities Coalition. “Aunque nada puede deshacer el daño permanente causado por los años de la construcción del muro en la región sudoeste, esta conciliación es un paso importante hacia la reparación que incluye un requisito de consulta y evaluación de impactos medioambientales, una medida que puede abrirle la puerta a la eliminación de las exenciones amplias otorgadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que han convertido a las comunidades de la frontera en zonas de sacrificio durante décadas. El comprometerse a consultar debidamente con nuestras comunidades es un paso importante hacia adelante del gobierno de EE. UU. para gobernar mejor. Sin embargo, esta lucha no se ha acabado y al gobierno todavía le falta bastante para reconocer la humanidad y dignidad de todos los residentes de la frontera y proporcionarnos el respeto que merecemos”.

La construcción del muro ilegal de Trump, que continuó bajo órdenes del tribunal supremo a pesar de las órdenes de múltiples tribunales menores que bloquearon la construcción durante este litigio, ha causado daños medioambientales y ecológicos devastadores a la región de la frontera sur. Hay sectores del muro que atraviesan una reserva federal de vida salvaje, tierras tribales, y un manantial sagrado en Arizona, además de otros lugares importantes que albergan especies en peligro de extinción, flora diversa y más de 400 especies de aves.

A pasar de que el Congreso rechazó las solicitudes de fondos para el muro de frontera hechas por el ex presidente, para construir su muro, Trump impuso su autoridad declarando una situación de emergencia en 2019 y 2020 para desviar billones de dólares que el Congreso había otorgado al Departamento de Defensa y al Departamento del Tesoro de EE. UU. para otros propósitos. La ACLU presentó una demanda en nombre de Sierra Club y Southern Border Communities Coalition días después de la primera alegación falsa de poderes de “emergencia” en 2019 y presentó una demanda separada para oponerse a su segunda declaración en 2020.

El 20 de enero de 2021, en su primer día como Presidente, Biden interrumpió la declaración de emergencia nacional de Trump. Estos casos, que habían llegado al tribunal supremo, fueron quitados del calendario de casos del tribunal más alto y fueron devueltos a los tribunales menores.