Oficiales de Inmigración Mandan Ordenes de Deportación Ilegales sin Audiencias, Descubre la ACLU

Se cuentan ciudadanos, residentes, los que solicitan asilo, y otros con derecho a permanecer en el país entre los que han sido sumariamente deportados

4 de diciembre, 2014

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Nueva York— En la primera investigación comprehensiva de las deportaciones aceleradas mandadas por los agentes federales de inmigración en vez de por jueces, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) encontró numerosos incidentes de personas con derechos o reclamos fuertes para estar en los Estados Unidos quienes fueron deportadas sin una oportunidad de ser escuchadas.

El reporte investigativo de la ACLU titulado “Exilo Estadounidense: Deportaciones Rápidas que Evitan el Tribunal,” está basado en más de 130 casos de individuos quienes han sido deportados, en ciertos casos en cuestión de horas, sin las más básicas protecciones del debido proceso—lo que incluye una audiencia ante un juez y la oportunidad de defender reclamos. Estas deportaciones son mandadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) incluyendo a oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en ingles), una agencia de DHS rodeada de controversia y que ha sido extensivamente criticada por carecer de responsabilidad y supervisión.

“Bajo el sistema actual, miles de personas quedan a la disposición del capricho y la misericordia de los oficiales de inmigración que juegan el papel de la “fiscal, juez, y deportador,” dijo Sarah Meta, Investigadora de los Derechos Humanos de la ACLU y autora del reporte. “Estos oficiales no están equipados con la sabiduría legal y la pericia necesaria para decidir quién tiene derechos o reclamos válidos para entrar o radicar en los Estados Unidos.”

Existen más de 40,000 oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza autorizados a emitir órdenes de deportación sin abogados o evidencia requerida y no hay reconsideración independiente como lo exige la ley de derechos humanos.

“Si la justicia y la igualdad importan, nuestro gobierno debe dar una verdadera oportunidad para que las personas con reclamos y derechos a estar en los Estados Unidos defiendan esos derechos,” dijo Mehta. “Nuestro gobierno ha separado a familias y deportado personas que han encontrado la muerte al fallar en darles la más básica oportunidad para ser escuchadas y para defenderse. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo—para los que están enfrentado la deportación y para las familias que han sido dejadas atrás.”

Según los descubrimientos del reporte, en 2013 los Estados Unidos deporto a 438,421 personas. En más 363,279 de estas deportaciones—más del 83 por ciento—no existió alguna audiencia o reconsideración por un juez antes de que fuera deportada la persona. Estas órdenes de deportación cargan consigo los mismos castigos que las órdenes de deportación emitidas por un juez después de una audiencia. Un oficial de inmigración puede mandar deportar a alguien lo que significa un expulsión sin permiso a regresar de por lo menos cinco años a de por vida. Si un oficial comete un error y deporta a alguien que tiene algún derecho o reclamo válido para permanecer en los Estados Unidos es casi imposible que esa persona rescinda la orden de deportación.

Antes del 1996, la gran mayoría de personas enfrentando la deportación de este país tuvo una audiencia en una corte de inmigración. Ahora la mayoría no la tiene, lo que abre la puerta a los errores y el pleno abuso.

“Exilo Estadounidense: Deportaciones Rápidas que Evitan el Tribunal,” da la historia de individuos como la de María de la Paz, una ciudadana estadounidense quien fue deportada cuando un oficial de inmigración que la entrevistaba supuso que ella no era nacida en los Estados Unidos porque no le podía hablar en inglés. Con el tiempo, el gobierno estadounidense reconoció su ciudadanía y le emitió un pasaporte, pero solo después de que su abogado encajara una petición de habeas corpus.

Algunos de los individuos deportados que incluye el reporte vivieron consecuencias devastadoras como es el caso de Nydia R., una mujer transexual de México. Nydia ya tenía asilo en los Estados Unidos cuando fue deportada al peligro dos veces ilegalmente.

“No supe que los oficiales de inmigración me pudieron haber ayudado,” dijo Nydia, recordando el tratamiento en la frontera estadounidense después de ser violada y atacada por pandillas. “Ellos sabían todas las razones por las que yo intentaba regresar a los Estados Unidos, y aun sabiéndolas, me regresaron.” Deportada a México, Nydia fue secuestrada y forzada a prostituirse.

Además de información obtenida por medios de entrevistas con los deportados, sus familias, abogados y defensores de la comunidad, “Exilo Estadounidense” incluye recomendaciones para el gobierno federal que son aún más importantes ante el reciente anuncio de Acción Ejecutiva del Presidente Obama, el cual incluye el aplazamiento de las deportaciones y dirección para el Departamento de Seguridad Interna entero sobre la discreción fiscal. Por ejemplo, hay recomendaciones para las agencias de inmigración sobre el entrevistar a individuos que califican para asistencia y para asegurar que las personas deportadas ilegalmente tengan la oportunidad de corregir esos errores.

El viernes pasado, un reporte por el Comité de la ONU Contra la Tortura expresó preocupaciones sobre “la expansión de los procedimientos de repatriación acelerada, los cuales no toman en cuenta de manera adecuada las circunstancias especiales de los que solicitan el asilo y otras personas en necesidad de protección internacional.” Las “observaciones finales” del Comité también expresaron preocupación que el personal del Servicio de Aduanas y Protección falló en identificar y dar una entrevista de asilo a muchos de los individuos deportados de manera acelerada y recomendó que los Estados Unidos “revisara el uso de procedimientos de repatriación acelerada, y garantizara el acceso al consejo legal.”

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