Las Acciones Ejecutivas de Trump de Hoy Demuestran Que Seguirá Avanzando Hacia Políticas de Inmigración Ilegales y Draconianas

El Presidente Trump hoy firmó órdenes ejecutivas que ordenan al gobierno federal que financie la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Asimismo, establecen que se congele el financiamiento a ciudades santuario.

Estas órdenes envían una clara y decepcionante señal de que el gobierno de Trump buscará promulgar políticas de inmigración ilegales y draconianas. La ACLU continuará luchando contra estas iniciativas en todo momento.

Militarizar la frontera

La expansión en tamaño y poder de las fuerzas de seguridad fronteriza sólo servirá para menoscabar los derechos de decenas de millones de personas que consideran a estas comunidades fronterizas como sus hogares. No se trata de una política de seguridad nacional racional. La fantasía del Presidente Trump de sellar la frontera con un muro se basa en prejuicios raciales y étnicos.

Se trata de un fragmento de un escenario político peligroso que socavará las libertades civiles y convertirá a las comunidades fronterizas en zonas militares donde innumerables agentes fuertemente armados y con escasa capacitación ejercerán una influencia y una autoridad peligrosas. La orden del presidente de acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados incluye una priorización de individuos con “delitos penales imputables”, lo que significa que incluso los residentes permanentes legales que hace mucho tiempo viven en Estados Unidos y respecto de los cuales ICE alegue que han cometido delitos menores puedan ser priorizados para su deportación según la manera en que el Secretario de Seguridad Nacional opte por interpretar la ley.

La fuerza de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) goza de un claro historial de segregación racial y uso excesivo de la fuerza al abusar de los detenidos. Tal como vinimos haciendo hasta ahora, llevaremos estos asuntos a la corte si las políticas del presidente derivan en violaciones masivas de las libertades civiles y un mayor deterioro de los derechos de millones de personas.

Castigar a las ciudades santuario

Todas las ciudades y estados del país han tomado sus propias decisiones respecto de cómo garantizar mejor la seguridad pública en sus comunidades. Esto incluye a las “ciudades santuario” que se niegan a destinar los recursos locales a iniciativas impuestas a la inmigración que son draconianas y contraproducentes. Ellas ofrecen servicios independientemente de la condición de los inmigrantes o la habilidad con el idioma inglés, al proteger los registros confidenciales de los inmigrantes indocumentados o al negarse a detener a inmigrantes en nombre de ICE.

El Presidente Trump no tiene la capacidad legal para tomar la decisión unilateral de dejar de financiar a las ciudades y a los estados que protegen a los derechos de las personas y que se apartan del negocio de la deportación. Si bien él debe estar contando con que las ciudades cederán ante la presión de su púlpito intimidatorio, las ciudades y los oficiales de policía locales ya se han empezado a preparar para defender sus políticas legítimas.

Apoyaremos a las ciudades y a los estados en la demanda contra el gobierno federal en caso de que éste intente hacer cumplir la orden ejecutiva del Presidente Trump. Todo intento por parte del gobierno federal de requisar a los gobiernos estatales y locales para que apliquen las políticas federales violará la Décima Enmienda. Además, los intentos por forzar a las entidades locales a que actúen mediante la privación de los fondos violan la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos.

La ley es clara y el Presidente Trump se ha pasado de la raya.

Las ciudades santuario representan lo mejor que este país tiene para ofrecer: un espíritu de inclusión y respeto por los derechos individuales. Estos son los principios por los que continuaremos luchando en contra de todos los que quieran erradicarlos.